Le exigió a la periodista que "cese de manera inmediata" con la difusión de información sobre el caso del gendarme Nahuel Gallo.

Adepa y la Academia Nacional de Periodismo, que preside el periodista Joaquin Morales Solá, rechazaron de manera clara y categórica la intimación del Canciller. La Academia le solicitó a Werthein que retire cuanto antes esa carta documento que “lo descalifica como funcionario de la Constitución y de la democracia”. Por su parte Adepa, en un texto difundido en las redes sociales, le recuerda que es una garantía elemental del debate público democrático la prohibición de sancionar opiniones, especulaciones o meros errores en la información sobre asuntos de interés público, sostuvo la entidad.

El asunto nos trae a la memoria el juicio que el general israelí, Ariel Sharon inició contra la revista Time en la década de 1980, tras una publicación que Sharon consideró calumniosa. Fue un caso muy celebre, relacionado con la cobertura mediática y la difamación.

¿Que pasó? En 1983, Time publicó un artículo sobre la masacre de Sabra y Shatila, perpetrada en campos de refugiados palestinos en Beirut por milicias cristianas libanesas durante la Guerra Civil del Líbano. Time sugirió que Sharon por entonces ministro de Defensa de Israel, había aprobado o alentado la masacre. Sharon, quien ya enfrentaba una investigación oficial en Israel, consideró que estas afirmaciones dañaban gravemente su reputación.

El juicio por difamación se llevó a cabo en un tribunal federal de Nueva York. Durante el juicio, el israelí se centró en demostrar que las acusaciones de la revista eran falsas y malintencionadas.

El jurado concluyó que el artículo de Time contenía información falsa, pero determinó que la revista no había actuado con “malicia real”, un estándar legal necesario para probar difamación en Estados Unidos contra figuras públicas. Por tanto, Sharon no ganó indemnización, aunque la revista quedó dañada en términos de credibilidad. A Time el juicio le hubiera costado unos cincuenta millones de dólares

El caso fue una gran controversia mediática y política. Sharon utilizó el proceso judicial para limpiar parcialmente su imagen, mientras que el juicio reafirmó el fuerte nivel de protección que la Constitución norteamericana otorga a los medios, incluso cuando publican información que podría ser inexacta, siempre que no actúen con malicia real.