Con la sentencia ya firme en el caso “Vialidad”, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrenta múltiples frentes judiciales complejos. Además del juicio por el Memorándum con Irán —que aún tiene pendiente el esclarecimiento del asesinato del fiscal Alberto Nisman— debe responder a causas por corrupción, lavado de dinero y encubrimiento, entre ellas los expedientes “Cuadernos” y “Hotesur–Los Sauces”.

Según informó el periodista Adrián Ventura de TN, Cristina planea llevar su situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su abogado, Carlos Beraldi, confirmó que solicitarán una medida cautelar que le permita continuar en libertad y presentarse como candidata a legisladora en las próximas elecciones bonaerenses.

Ventura también añadió que, sin ser oficial, TN pudo confirmar que dos abogados de un prestigioso estudio jurídico estadounidense ya visitaron la sede de la CIDH, ubicada en el 1889 F Street, N.W., a pocos metros de la Casa Blanca.

Cristina acudiría a la CIDH

La CIDH tiene la facultad de dictar medidas cautelares cuando identifica un riesgo grave, urgente e irreparable para los derechos humanos del solicitante. Sin embargo, estas cautelares no tienen poder automático para suspender sentencias penales firmes dictadas por la justicia argentina.

Entonces, ¿podría Cristina usar esta vía para presentarse en las elecciones? La respuesta es clara: no de manera automática. El Estado argentino puede optar por acatar o no una medida cautelar de la CIDH. Si decide no hacerlo, no hay consecuencias legales inmediatas, pero sí un impacto político y diplomático.

Para que la expresidenta pueda participar en los comicios, se debería dar una de estas situaciones: que la justicia argentina suspenda o no ejecute la inhabilitación electoral, o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordene una medida con efecto electoral específica, y que el Estado argentino cumpla dicha orden.

En conclusión, Cristina no se rinde. La estrategia internacional abre una vía de defensa jurídica y simbólica, pero no representa una solución inmediata ni una garantía para revertir su situación judicial y política.