De esta manera queda firme el fallo del Tribunal Oral que la condenara en 2022 ejerciendo por entonces la vicepresidencia de la Nación. 

La Cámara ratifica los hechos referidos a 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”, el nuevo fallo afirma.

En el extenso fallo el tribunal integrado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña-, corrobora que durante ese período las obras viales licitadas en la provincia de Santa Cruz “fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

Casación en fallo dividido descartó sumarle el delito de asociación ilícita, tal como lo había pedido la Fiscalía. El fallo no tendrá efectos concretos porque puede ser apelado por todas las partes para que intervenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para eso tienen 10 días hábiles. Será el máximo tribunal quien resuelva el expediente y si ratifica la decisión de hoy de Casación el fallo quedará firme y en condiciones de ejecutarse. Pero la Corte no tiene plazos para resolver, y puede resolverlo en pocos meses o en años, como sucedió con Carlos Menem.

Por el contrario, homologó el decomiso de aproximadamente 84.000 millones de pesos.

El fallo destaca que la maniobra se dio con la incorporación de Báez, un simple empleado bancario, al rubro de la construcción “sin ninguna experiencia” a pesar de lo cuál “conformó un grupo de empresas, que le permitió ganar numerosas licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz simulando una competencia que en realidad no tenía, a modo de ejemplo, sólo entre 2007 y 2008 recibió veintitrés contratos”.

Los jueces destacaron que las licitaciones que obtuvieron las empresas de Báez se dieron con “numerosas irregularidades”.

Casación también afirma lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de Whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.

Creemos innecesario enfatizar la importancia de este fallo. Se condena por corrupción a la vicepresidenta en ejercicios, quien además, por dos mandatos consecutivos, ejerció la primera magistratura del país y ahora es la presidenta del partido justicialista.

Es ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tiene la palabra. Mientras el Alto Tribunal no se expida, la viuda de Kirchner puede ser elegida para cualquier cargo público, no obstante haber sido condenada en dos instancias. Esto demuestra la necesidad de sancionar la ley de Ficha Limpia.