Según Alconada Mon, el Plan habilita a la SIDE a recolectar y analizar información sobre periodistas, economistas, empresarios y otros protagonistas sociales que puedan “erosionar” la confianza en funcionarios del Gobierno o “manipular” la opinión pública.

El documento, de carácter secreto, establece lineamientos estratégicos que incluyen la vigilancia de quienes incidan en la percepción pública mediante tecnologías como la inteligencia artificial o influyan en procesos electorales.

Debemos recordar que la Ley de Seguridad Interior (Ley N.º 24.059) establece límites claros respecto al rol de los organismos de inteligencia, especialmente en lo que refiere a actividades de inteligencia interna, es decir, dentro del territorio nacional y sobre personas, grupos u organizaciones locales.

La Ley 25.520 especifica que los organismos de inteligencia no pueden realizar tareas sobre personas por sus ideas políticas, religiosas o gremiales, ni sobre medios de comunicación, salvo que estén legalmente autorizadas por orden judicial y en el marco de una investigación penal.

La norma legal establece que los organismos de inteligencia no podrán realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales ni de investigación criminal. También prohíbe expresamente realizar inteligencia sobre personas por su opinión o pertenencia ideológica.

Si se confirmara el Plan de Inteligencia Nacional que Alconada Mon ha revelado se estaría violando tanto la Ley de Seguridad Interior como la Ley de Inteligencia Nacional y la Constitución Nacional (artículos sobre privacidad, libertad de expresión y garantías del debido proceso).

La Oficina del Presidente negó que el Plan tenga fines persecutorios, afirmando que este Gobierno “ha tomado la decisión política de no utilizar la SIDE para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos”. Sin embargo, no se proporcionaron detalles adicionales sobre el contenido del plan.

Horas después de la publicación de la Nación, Alconada Mon fue víctima de un ataque digital coordinado: se registraron diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp, un intento de acceso a su cuenta en la red social X, y recibió amenazas e insultos desde múltiples números telefónicos. Además, se crearon perfiles falsos a su nombre en sitios web de contenido pornográfico.

El asunto preocupa y mucho sobre la vigencia plena de la libertad de prensa y la protección de los derechos civiles en nuestro país. La posibilidad de que organismos de inteligencia realicen vigilancia interna sobre ciudadanos que expresan opiniones críticas puede socavar principios democráticos fundamentales. Es básico para nuestra democracia, que se garantice la transparencia en las operaciones de inteligencia y que se proteja a los periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión.