Este año se cumplen treinta desde la reforma constitucional de 1994, que introdujo nuevos derechos e instituciones y confirió al texto constitucional una legitimidad que estaba cuestionada ya que la anterior reforma, la de 1957 fue hecha por la llamada Revolución Libertadora. Desde la recuperación de la democracia en 1983 existía el consenso entre todas las fuerzas políticas, de la necesidad de la reforma, que incorporara las nuevas orientaciones en materia de derechos humanos y mecanismos de defensa de la democracia. Durante su gestión, el presidente Raúl Alfonsín había encomendado al Consejo para la Consolidación de la democracia, la elaboración de un proyecto de reforma que fue finalizado y publicado en 1986.  El presidente Carlos Menem retomó la idea de reformar la constitución y dio luz verde a las iniciativas en ese sentido. Pero la reforma recién se hizo posible al acordar ambos líderes un pacto que se llamó el Pacto de Olivos y que fue la base de la reforma con el nombre de Núcleo de Coincidencias Básicas. El Pacto obligaba a los miembros del Partido Justicialista y a la Unión Cívica Radical, a votar la ley de convocatoria en el Congreso y luego votar en la asamblea constituyente por el Núcleo a libro cerrado para evitar que los constituyentes de uno de los partidos votaran algunas de las reformas y otras no. Entre los cambios introducidos al texto constitucional  están normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, confirió rango constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, estableció que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, creó nuevos órganos de control, modificó la composición del Senado, acortó los mandatos del presidente y los senadores, eliminó el colegio electoral para la elección del presidente, incorporó el balotaje, creó la figura del jefe de Gabinete, restableció pautas para distribuir la recaudación de impuestos,  reconoció la autonomía municipal y los derechos de los pueblos originarios, creó el Consejo de la Magistratura y la figura del Jefe de Gabinete. fijó la edad máxima de los jueces en 75 años y concedió a la ciudad de Buenos Aires capacidad para darse su propio estatuto y elegir a sus gobernantes, entre otros institutos. En definitiva, la Constitución reformada, es aprobada totalmente por una gran mayoría mientras que algunos están en desacuerdo con determinados aspectos, pero es la que está vigente.