No será obligatorio informar las compras con tarjeta
En el marco de la presentación del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, el titular de ARCA, Juan Pazo, anunció una serie de medidas destinadas a eliminar mecanismos de control fiscal que calificó como parte de una “exagerada burocracia”.

- Volanta: Reparación Histórica
Una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.
Además, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de que una entidad insista con ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor.
También se modificaron los umbrales de varios regímenes: los reportes por saldos bancarios mensuales se elevan a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas; los plazos fijos a $100 millones y $30 millones respectivamente; las transferencias en billeteras virtuales ahora se reportan desde $50 millones y $30 millones según el caso. Las tenencias en sociedades de bolsa solo se informan desde los $100 millones en el caso de individuos.
Los reportes por compras del consumidor final ahora se activan solo cuando superan los $10 millones, tanto en efectivo como por otros medios de pago. En paralelo, Pazo anunció un nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que se centra únicamente en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial. Desde junio, los contribuyentes podrán adherirse y al cierre del ejercicio fiscal el sistema de ARCA propondrá un monto de pago que podrá aceptarse o rectificarse.
El nuevo esquema busca reducir la carga administrativa y reenfocar la fiscalización sobre los grandes contribuyentes, con el objetivo de fomentar la formalización y el acceso al crédito.