El Gobierno mantiene el superávit tras un desembolso millonario en intereses

El Sector Público Nacional (SPN) cerró noviembre con un superávit financiero de $599.954 millones, informó este martes el Ministerio de Economía. Este resultado se explica por un saldo primario de $2.180.009 millones, que se reduce tras el pago de $1.528.056 millones en intereses de deuda.

De tal forma, el Gobierno Nacional continúa con la política del “ancla fiscal” y acumula, en estos once meses del año, un superávit financiero de 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB) y primario del 1,7% del PIB.

Además, los ingresos totales del SPN alcanzaron los $11.402.650 millones durante el penúltimo mes del año. Esto representó un aumento interanual (i.a.) del 18,7%. 

Con respecto a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento del 16,3% i.a. explicado por:

• La variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (+41,9% i.a.),
• Los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+30,6% i.a.),
• El IVA neto de reintegros (+26,5% i.a.),
• Los Débitos y Créditos (+22,6% i.a.) y
• Ganancias (+21,3% i.a.). 

Es importante señalar que el crecimiento interanual de los recursos tributarios se ve influido por la reducción de algunos impuestos durante 2025.

Mientras, los gastos primarios del SPN alcanzaron los $9.274.641 millones, con aumento del 12,7% i.a. 

• Prestaciones sociales: $6.497.181 millones (+17,5% i.a.).
• Remuneraciones: $1.247.830 millones (+10,1% i.a.).

“El gasto primario se redujo 14,2% en términos reales frente a noviembre de 2024. A nivel desagregado, las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 5,5% i.a. y la Asignación Universal para Protección Social 7,4% i.a.”, manifestó el ministro de Economía Luis Caputo. 

En síntesis, el superávit financiero de noviembre refleja la continuidad de la política de ancla fiscal del Gobierno y la consolidación de un manejo macroeconómico ordenado, pese a los desafíos derivados de la deuda y la volatilidad política.

Si bien los ingresos crecieron y los gastos se moderaron en términos reales, las limitaciones presupuestarias mantienen restricciones sobre incrementos en jubilaciones y otras prestaciones sociales, mostrando un equilibrio delicado entre sostenibilidad fiscal y política social.